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El recurso de casación

1. Introducción: Sentencias objeto del recurso de casación:

El recurso de casación es la última vía de recurrir una resolución judicial penal en nuestro organigrama procesal (a excepción de los recursos antes el Tribunal Constitucional, que constan en una vía a parte, independiente y paralela a esta, al comprender un objeto distinto: la defensa de los derechos constitucionales). El de casación no es un recurso tan exigente como el de amparo constitucional, de los que solo se admiten cerca del 2-3%, pero sí estamos ante cerca de un 8-10% tampoco nada alentador.

El recurso de casación se formula así ante el Tribunal Supremo, concretamente ante la Sala Segunda, de lo penal, rigiéndose este recurso por las disposiciones del Título II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (En adelante «LECrim»), en sus arts. 847 y siguientes.

¿Qué puede recurrirse mediante este tipo de recurso?

Procede el recurso de casación por los siguientes motivos, los expuestos por el art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, contemplando:
    • Las sentencias dictadas en única instancia o dictadas en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
    • También las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
  • Por infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Quedan exceptuadas aquellas resoluciones que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.

Además podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. (art. 848 LECrim)

Debemos tener en cuenta que la nueva casación se aplica a los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor de la Ley 41/2015, en que se contempló también el recurso de casación ante ciertos recursos, lo cual no era posible antes.

2. El anuncio de la casación, su interposición y la admisión o no del recurso mediante auto.

El recurso de casación debe de anunciarse ante el tribunal que ha dictado la resolución recurrible en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación. Es un trámite un poco particular y que no existe en otros recursos, como sucede con la apelación, que se interpone directamente ante el órgano que dicta la resolución recurrida y posteriormente tiene efectos devolutivos.

Debemos simplemente de avisar al órgano jurisdiccional, como abogados en la causa, de que se va a recurrir en casación. El origen de esta petición tenía un sentido histórico que consistía en pedir al órgano a quo que no comenzara a ejecutar la sentencia dictada. Desde hace relativamente poco se justifica este hecho en atención a que es ese órgano a quo el que tiene que remitir las actuaciones, en su conjunto, al Tribunal Supremo.

El plazo es breve, pero el trámite es escueto: Se trata de decirle al órgano a quo, como hemos señalado, que se va a recurrir en casación y los motivos del recurso, es decir, las vías casacionales que se emplearán.

Resolución para el procedimiento

Dado lo complejo del procedimiento (enunciar las vías de casación antes que el propio recurso) la recomendación pasa por utilizar todas las vías casacionales posibles, pues no hay consecuencias negativas en el hecho de luego no utilizar alguna de las vías previamente anunciadas; no así, será muy negativo utilizar alguna vía casacional en el recurso que no se enunció previamente.

El precepto sobre el anuncio de la casación es el art. 855 LECrim. Lo que se dice en el artículo es que se hará entrega al abogado de la cédula de emplazamientotestimonio de la sentenciaauto por el que se entiende por anunciado el recurso de casación, y los anuncios del resto de partes.

También es muy aconsejable a este respecto señalar las protestas que se hayan efectuado durante el proceso a los efectos de recurrir por quebrantamiento de forma.

Una vez interpuesto el recurso de casación, se dará traslado al resto de partes para que, si lo desean, lo impugnen. Impugnado éste, se da traslado de nuevo, al resto de partes para que aleguen lo que consideren al respecto, emitiendo sus correspondientes escritos de alegaciones.

Una vez que finaliza este cruce de alegaciones, el TS decidirá sobre la admisión o inadmisión del recurso, emitiendo su decisión de desestimación por medio de auto, que suelen preparar los Letrados de la Admisión de Justicia.

Si se admite el recurso, se remite al magistrado ponente, y podrá pedirse la celebración de vista. Si no se pide, el TS puede acordarla también de oficio.

La sentencia estimatoria tiene efecto extensivo para aquellos sujetos que, sin ser necesariamente recurrentes, se hallasen en la misma situación. Lo mismo que si se estima un motivo que otros no han alegado. El ejemplo paradigmático es el de las dilaciones indebidas: si las hay, las suele haber para todos los implicados (no obstante, puede ocurrir que uno de los imputados sea el culpable  de las dilaciones, con lo que en ese caso, al culpable no le aprovecharán pero al resto de sujetos sí).

3. Los fundamentos de la casación:

Las vías de casación se regulan en los arts. 849 a 852 LECrim, siendo realmente importantes los arts. 849.1 y 852, por ser las más comunes y de mayor éxito casacional. Los motivos sobre los que se sustente el recurso deberán acogerse siempre a estas vías legalmente previstas (principio de legalidad y taxatividad) y deberán de ir numerados, estableciendo en todos los casos:

  1. La vía casacional escogida.
  2. Un breve extracto del contenido del motivo que se argumenta.
  3. Desarrollo del motivo argumentado con mayor detalle.

El contenido del recurso será doble: o por infracción de ley o por vulneración de derechos constitucionales; pero como ya he remarcado, no podremos pretender una “recreación del juicio”, o una valoración paralela de este o de los hechos por parte del Tribunal Supremo, pues esta no es su función; la segunda instancia está agotada habiendo emitido el órgano juzgador su resolución, con lo que, si en nuestro recurso se pretende una nueva resolución del mismo juicio, por parte de distinto tribunal, nuestro recurso será, con casi total seguridad, desadmitido.

Es más recomendable alegar que la valoración de la prueba que se realizó por el juzgador fue irracional, o que se vulneraron derechos constitucionales o hubo defectos de forma o infracciones de ley, de modo que lo que se pretende es, sin inmediación del tribunal, que el TS corroboré si efectivamente se vulneraron estos aspectos y si esto debería acarrear un cambio en la resolución judicial de que se trate.

Es decir, que conque la estructura externa de ponderación de la prueba sea irracional (Un caso muy típico son las “coartadas fallidas”, en que no se “cree” al imputado o también las “hetero-incriminaciones” entre acusados, comunes en organizaciones criminales para, por ejemplo, conseguir pactos con la fiscalía), habrá pues una vulneración de derechos y el TS podría admitir el recurso y revocar la condena impuesta. No podemos pues entrar a valorar la prueba en detalle, no debemos pretender procurar una recreación del juicio

¿Cuáles son entonces los motivos de casación que prevé el legislador? Los vemos uno por uno.

3.1. La infracción de ley: Errores de subsunción en los hechos y de apreciación de la prueba.

Se entenderá que ha sido infringida la Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: (art. 849)

  1. Cuando, dados los hechos que se declaren probados se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal.

Este artículo recoge así los errores de subsunción a partir del relato de hechos probados de la resolución recurrida, siendo inmodificable.

NOTA: Se han de respetar como norma general los hechos probados del caso, y no conviene negar la doctrina del TS, aunque nos sea desfavorable a nuestra causa; es mejor alegar que ésta se conoce pero que se discrepa con ella por ser el asunto en cuestión notoriamente distinto. (Por ejemplo, un caso muy común pasa por considerar como un delito de “blanqueo de capitales” una “receptación”, cuando son figuras delictivas distintas, pero que a veces se confunden por las circunstancias del caso y teniendo el blanqueo unas penas muy superiores. Esta sería una posición defendible)

  1. Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Son especialmente relevantes a este respecto los principios de inmediación (principio de exigencia de la presencia del juez para valorar las pruebas) y contradicción (principio que posibilita el derecho de defensa mediante un debate contradictorio en el momento de valoración de la prueba. Art. 6.3.d) CEDH)

Este motivo suele desestimarse siempre en la práctica, y en cualquier caso sería mejor alegarlo vía art. 852 (constitente en el precepto constitucional infringido, que veremos más adelante). Consiste pues en la existencia de un documento que prueba que el relato de hechos probados del caso es erróneo, con lo que debería modificarse.

¿Cómo debe ser el documento?

Se requerirá que el documento sea exógeno, en un sentido muy estricto, (Por ejemplo: Actas policiales, de entradas y registro, declaraciones documentadas, informes forenses, etc.) y debiendo de ser además, literosuficiente, es decir, resultando patente el error incurrido con la mera lectura del documento, sin poder resultar contradicho por otros elementos probatorios, no necesariamente documentales, pues estaríamos sino ante una libre valoración de prueba. (PE: Informe forense escrito vs. Declaración oral del forense).

  • Por ejemplo: Cuando el tribunal de instancia condena por reincidencia a un sujeto, podría recurrirse esta resolución y aducir este motivo si existe un certificado negativo de antecedentes penales previos del imputado.

La idea fundamental es por lo tanto que, si hay un documento que demuestra que el relato de hechos probados está  mal, se ha de modificar el relato de hechos probados.

¿Cómo hacerlo? Para esto, deberá de señalarse exactamente lo que se desea cambiar en el factum, señalando el folio y párrafos controvertidos y proponiendo la redacción alternativa.

Este motivo tenía su sentido si no existiera el art. 852 LECrim, que es el relativo a la infracción de precepto constitucional. Dicho art. 852 LECrim permite operar por la vulneración del principio de presunción de inocencia, que tiene que ver con la valoración de la prueba.

3.2. Quebrantamientos de forma.

Encontramos dos supuestos recogidos por el legislador.

3.2.1. Quebrantamiento de forma en el juicio. (Art. 850 LECrim)

Los supuestos que pueden darse en la realización del juicio en cuanto a normas esenciales del procedimiento procesal penal;

  1. Cuando se haya denegado alguna diligencia o medio de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente, siendo esencial.
  2. Cuando se haya omitido la citación del procesado, la del responsable civil subsidiario, la de la parte acusadora o la del actor civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas partes hubiesen comparecido en tiempo, dándose por citadas. (Vulnera el derecho a defensa del art. 24.2 CE)
  3. Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en audiencia pública, ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa. Ha de tratarse de preguntas pertinentes denegadas sin excusa.
  4. Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinenteno siéndolo en realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del juicio.
  5. Cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía.

NOTA: Debemos de recordar que estos supuestos del art. 850, que constituyen una vulneración de la defensa, retrotraerían las actuaciones y se repetiría el juicio, pero no significarían directamente una sentencia absolutoria favorable. Son pues, todos ellos motivos subsidiarios a los del art. 852 LECrim que veremos a continuación, generalmente más convenientes a nuestros intereses como abogados.

3.2.2. Quebrantamiento de forma en la sentencia.

También el art. 851 LECrim establece los supuestos de quebrantamiento de forma que podrían darse en la sentencia:

  1. Si en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.
  2. En la sentencia solo se expresa que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados.
  3. Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y defensa.
  4. Cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiere procedido previamente como determina el artículo 733 LECrim. (En relación con el principio acusatorio)
  5. Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de votos conformes que por la misma se exigen.
  6. Cuando haya concurrido a dictar sentencia algún Magistrado cuya recusación, intentada en tiempo y forma, y fundada en causa legal, se hubiese rechazado.

Es de especial consideración a este respecto el citado principio acusatorio, fundamental en nuestro proceso penal, recogido, en parte, en el art. 733 LECrim, que establece:

Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula:

«Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de… o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número … del artículo … del Código Penal.»

Esta facultad excepcional, de que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia del juicio.

Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta el siguiente día”.

Más allá de este, son en su mayoría errores de subsunción, en que se llega a una conclusión prematura por parte del juzgador, sin haber valorado la prueba lo suficiente.

Estos supuestos son muy habituales con el dolo, un elemento subjetivo del tipo penal compuesto por una parte cognoscitiva (“conocer”) y otra volitiva (“querer”); un elemento que deberá de probarse siempre y en todo caso, no pudiendo señalar que de los hechos probados se extrae el dolo “sin más”, sino que se deben de señalar los hechos concluyentes y de extraer el dolo de ellos mediante su análisis, afirmando, sin existencia de duda razonable, que el sujeto imputado “quería y conocía” de los hechos que ocurrieron. Para esto existen diversas fórmulas que no nos detendremos a ver en este artículo, por ser más propias de la parte general del derecho penal.

3.3. Vulneración de derechos constitucionales fundamentales.

Estos supuestos se regulan en el art. 852 LECrim, en que se contempla también el recurso con motivo de infracciones de preceptos constitucionales.

3.3.1. Derecho a la presunción de inocencia. (24.2 CE)

En opinión del Don Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Doctor en derecho y uno de los mejores casacionistas de España, el fundamento de un recurso por quebrantamiento de forma radica también en una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (24.2 CE), que es el precepto más influyente para el recurso mediante esta vía, con elementos de hecho que predeterminan un fallo desfavorable para el reo, como por ejemplo la presunción del dolo del acusado sin probarlo, que ya hemos analizado.

También expone D. Sánchez-Vera que los motivos de los arts. 850 y 851 son realmente subsidiarios a los del art. 852 LECrim, teniendo prioridad tanto en apelación como en casación las vulneraciones de preceptos constitucionales frente al resto de fundamentos para estos recursos que contempla la ley.[1]

Estos son los casos comunes que encontramos en la práctica casacional:

  1. Por un lado, los casos de condenas por “coartada fallida”, en que si podríamos estar ante una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a defensa, no siendo necesario el principio de inmediación por parte del tribunal para apreciar tal vulneración. Son casos en que el acusado se defiende “por defenderse” o lo hace mal, (o directamente no lo hace) y se utiliza esto como “indicio” de culpabilidad, con lo que se están vulnerando estos derechos. Y es que no puede utilizarse lo que uses de defensa como un indicio de culpabilidad.

Por ejemplo: Si se descubre una mentira en la coartada, no podrá utilizarse como indicio de que efectivamente se cometió el crimen de que se trate, pero inevitablemente predetermina mucho la opinión y el posterior fallo del juzgador. También con la ausencia de coartada.

  1. También en casos en que hay múltiples inculpados o coimputados, casos en que se culpan unos a otros, por pactos con la fiscalía para rebajar la condena, o por librarse ellos. En estos casos de “hetero-incriminación”, muy comunes en caso de delincuencia en organizaciones criminales, se requerirán aspectos fácticos externos que corroboren las versiones; no podrá decidirse el fallo solo en base a las declaraciones de los coimputados.

Nuestra idea principal será apelar a máximas de la experiencia empleadas en la valoración de la prueba, máximas inexistentes y que redundan en la vulneración constitucional. Aunque cuidado, porque para ello deberá de haber una valoración probatoria defectuosa; Ante una ausencia de valoración de prueba con sentencia desfavorable el principio infringido es el de la tutela judicial efectiva, que llevaría a retrotraer las actuaciones.

3.3.2. Principio de indubio pro reo.

NOTA: Cuidado, veces no es revisable en casación, pues afectará a la valoración de la prueba.

También es esencial el principio “indubio pro reo”, debiendo el TS de entrar en el asunto, con una postura más garantista, y comparando alegaciones y pruebas de acusación y defensa para ver si realmente hay o no hay dudas para condenar. (Deberá siempre de eliminarse la “duda razonable” para emitir un fallo condenatorio, pues en caso opuesto, esta duda juega en favor del reo, debiendo saldarse el supuesto con su absolución).

La acusación deberá de explicar de forma plausible la valoración de la prueba y refutar además la alegación de la defensa, explicando por qué no es correcta. Se debe comprobar si ambas alegaciones, de defensa y acusación, se mantienen la una sin la otra. Se exige una explicación racional de por qué se descartó la hipótesis de la defensa por los juzgados y tribunales, dándose validez final a la alegación de la acusación.

El TS asegura que consiste en “no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad, si se tienen dudas sobre su certeza. Se trata, por tanto, de una norma de interpretación, de naturaleza procesal, no integrada en precepto sustantivo alguno, de tal suerte que su aplicación entra de lleno en el ámbito exclusivo del juzgador de instancia, y en su libertad de criterio para formar el veredicto definitivo” (Auto 106/2002, del Tribunal Supremo de 18 de enero).

3.3.3. Diferencia en los criterios de valoración de la prueba

Consiste en evidenciar en el recurso de casación que la estructura externa de valoración de la prueba fue irracional, tomándose indicios de donde no los había, creando así el juzgador una estructura irracional de valoración. (Por ejemplo: Utilizar declaraciones de coimputados sin que existan elementos de corroboración externa de estas para culpar al sujeto, cuando hay pactos con la fiscalía mediante por parte del declarante).

Esta queja es ajena al principio de inmediación reinante en la valoración de la prueba. Los elementos fácticos de corroboración que haya en el caso podrán dar pie a la libre valoración de la prueba, no haciendo prosperar el motivo.

Es un motivo recurrente ante sentencias de los tribunales de primera instancia, que a menudo no motivan lo suficiente cómo han extraído los hechos probados, por haber incluido conclusiones arbitrarias, si bien, cuanta menos motivación tengan, menos argumentos para recurrir nos dan.

Siempre y en todo caso deberá de explicarse por qué se descartó la tesis de la defensa, pues puede que ambas versiones (de la defensa y la acusación) fueran plausibles, siendo ambas igual de válidas sino se refutan, y debiendo procederse a la absolución in dubio pro reo.

Con una valoración defectuosa de la prueba se vulnerará el derecho a la presunción de inocencia, que se saldaría con la absolución del reo, pero sin valoración alguna, estaríamos ante una vulneración de la tutela judicial efectiva, ante cuya aceptación, se retrotraerían las actuaciones al juicio al momento de la infracción.

3.4. El principio acusatorio

El principio acusatorio, a groso modo, significa que no podrá iniciarse un proceso sin acusación previa, y exige además una correlación entre la acusación y la sentencia. De la misma forma, establece que no se puede continuar con un proceso judicial si las partes no mantienen la acusación. Por partes, entendemos al fiscal, a la acusación particular y a la acusación popular.

Supone pues, una serie de limitaciones y de garantías de ámbito procesal, que recogemos resumidas:

  • Imposibilidad de decretar la apertura del juicio oral sin acusación previa.
  • Necesaria vinculación entre la sentencia, los hechos probados, la calificación jurídica de estos, y la petición de la acusación.
  • Prohibición de la «reformatio in peius«, que supone que el tribunal de apelación ante el que se recurre no podrá agravar la situación del reo recurrente.

El principio acusatorio es a veces, otro gran argumento de defensa casacional, y es que este principio, aunque no tiene una presencia explícita en nuestra Constitución, sí que la tiene de forma implícita, viniendo enlazado con los derechos de defensa, de tutela judicial efectiva, y sobretodo, de imparcialidad del juez.

Se ubica así este principio entre los deberes y garantías del art. 24 CE, que sí dispone de forma literaria el derecho a «un proceso con todas las garantías, a ser informado de la acusación, y el derecho a defensa»; lo que equivale a que el juez no podrá actuar de oficio en aplicación de la acción penal a la hora de determinar el objeto del proceso y su calificación jurídica.

Es pues, un recurso casacional en el ámbito de los derechos fundamentales vulnerados en supuestos en que el juzgador aplica una pena una calificación jurídica distinta a la contemplada por las acusaciones, lo cual, aunque ocurre con muy poca frecuencia, podría tener lugar, por ejemplo, en caso de enjuiciarse tipos penales muy parejos, como la receptación y el blanqueo de capitales, o como la administración desleal y la apropiación indebida.

3.5. Las declaraciones del imputado en sede policial ¿Válidas o inválidas?

Es otro de los supuestos más comunes para alegar una vulneración de derechos constitucionales que den acceso a la vía casacional. Los casos en que el imputado es llevado a sede policial durante su arresto, y una vez allí, da una versión de los hechos ante la policía o incluso reconoce la autoría, pero luego posteriormente no coincide con su declaración ante el juez. ¿Qué prevalece? ¿Tienen ambas el mismo valor probatorio? El Tribunal Supremo aclaró estos supuestos tan confusos a veces mediante el acuerdo de pleno de la Sala Segunda el 3 de junio de 2015, en que se determinó que:

  • No podrán utilizarse estas declaraciones en sede policial, sino vienen refutadas ante el juez, como un medio de prueba, salvo que haya hechos externos que las ratifiquen y que demuestren que solo un autor o partícipe podría conocer de tales hechos.
  • No podrán tampoco contrastarse por la vía del art. 714 LECrim, ni ser utilizadas estas declaraciones como una prueba preconstituida.
  • No podrán incorporarse tales declaraciones al acervo probatorio llamando a juicio a declarar a policías-testigos que refuten tal versión.

El Supremo exige así que los datos de autoinculpación sean debidamente acreditados mediante veraces medios de prueba externos para poder ser tenidos en cuenta. (PE: Una confesión que incluya el dónde se ocultó el cadaver por parte de un sospechoso y que el cuerpo efectivamente se encuentre en el lugar indicado).

El alto tribunal se sumó así a la tendencia del Tribunal Constitucional, requiriendo de la ratificación de la versión del inculpado, ante el juez, para dar validez al testimonio primario ante la policía, pues a priori, una mera confesión en sede policial no puede dar lugar a una condena, sino que en sede policial las declaraciones que se hagan solo tendrán valor como para interponer denuncia. (STS 03-06-2013)

El consejo que se da es siempre el mismo, instar al investigado o inculpado a no hablar con la policía hasta poder contar con abogado y organizar con él su defensa de forma apropiada. Este silencio ante las autoridades se posibilita mediante el art. 520 LECrim, que recoge el derecho para el investigado de no declarar ante la policía y hacerlo unicamente ante el juez. Esto evitaría distintas versiones en las declaraciones del investigado que puedan dar lugar a una prueba preconstituida o a una interpretación indebida por el juzgador.

Pero en caso de darse el supuesto, podría utilizarse en la vía casacional como un caso de vulneración de precepto constitucional (Art. 852 LECrim), en mención del derecho a defensa, o a la presunción de inocencia. (Art. 24 CE).

Fuentes y bibliografía:

  • Código Penal y legislación complementaria (Ley de Enjuiciamiento Criminal).
  • Jurisprudencia variada (citada en el artículo).
  • Artículo para CONFILEGAL de Yolanda Rodriguez y Carlos Berbell sobre el «Principio Acusatorio».

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