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Las falsedades como medio comisivo en las defraudaciones

LAS FALSEDADES COMO MEDIO COMISIVO EN LAS DEFRAUDACIONES

INTRODUCCIÓN: LAS FALSEDADES DOCUMENTALES

Las falsedades no son un delito exclusivamente económico, pero sí que tiene presencia en casi todos los delitos económicos, cometiéndose, bien para cometer el delito o para encubrirlo, lo que refleja su naturaleza instrumental. Los delitos de falsedad tienen una pena muy elevada, utilizándose algunas veces para encubrir delitos de pena menor. Estos delitos se encuentran regulados en el título XVII del Código Penal, comprendiendo las falsedades de moneda (arts. 386 a 389), documentales (arts. 390 a 399 bis) y personales (arts. 402 y 403). En este artículo incidiremos especialmente en las falsedades documentales, como instrumentos para la comisión de otro delito, para:

  • Ocasionar un perjuicio a otro.
  • Conseguir un beneficio ilícito.
  • Encubrir otro delito.

Esto pone de manifiesto el peligro potencial que suponen las falsedades para los bienes jurídicos, especialmente de carácter económico. El objetivo de estos tipos penales es proteger intereses personales y patrimoniales de los individuos, vinculados a la toma de decisiones en base a una determinada información, que se espera, ha de ser fiable, cierta y veraz. Se castiga así, pese a su instrumentalidad, la mera apariencia falsaria o recreación de la falsedad, sin ser necesario que llegue a producirse el engaño o perjuicio a la otra persona.

Podemos pues decir que son conductas que suponen una anticipación de la barrera de protección penal. Se castiga el momento en que se crea el peligro, el riesgo de producirse el delito. Desde la falsedad se pone en peligro toma la toma de decisiones que haya tras la información que se considera veraz pero no lo es.

Conductas punibles: Es punible la falsificación de documentos públicos, oficiales, mercantiles o emitidos por despachos o de telecomunicaciones. Nuestro CP recoge los siguientes supuestos punibles:

  • 390 CP: Cuando se realiza dolosamente por un funcionario público o autoridad en su función.
  • 391 CP: Cuando se realiza sin dolo por un funcionario público.
  • 392 CP: Cuando son cometidas por particular.
  • 393 CP: Presentación en juicio de documentos falsos (falsificación de uso). No hará falta haber realizado la falsificación. Sí que se requiere que se hiciera para perjudicar a otro.
  • El art. 394 se refiere a la falsificación y uso de despachos telegráficos o similares.

Particularidades en base al sujeto activo: El funcionario, al tener un especial deber de veracidad, genera en el tráfico una expectativa de veracidad mayor a la de un particular, lo cual equivaldrá a una mayor pena. Los criterios para establecer el grado de punibilidad tras una falsedad son por lo tanto dos:

  1. ¿Quién cometió la falsedad? Es funcionario o no lo es.
  2. ¿Qué documento se falsificó? Pudiendo ser público (implican una mayor fuerza probatoria) o privado (menor fuerza probatoria). La pena será distinta para cada caso. (395 CP: Delito de falsificación documental) (363 CP: Delito de uso de la falsificación).

En cuanto a las falsedades, el CP cubre todo el “espectro”, no solo la falsificación, sino la disposición de medios para falsificar y el posterior uso. (400 CP: Sanciona la tenencia de útiles para falsificar, tales como instrumentos, máquinas, materiales, sustancias, etc.) Y contemplando cualquier clase de documento: identificativos, certificados médicos, tarjetas de crédito o débito, etc. Nos centramos ahora en el principal aspecto del artículo, el que más comunmente se ve en la práctica.

NOTA: La mejor forma de comprender el trasfondo de los delitos de falsedad es comenzar con un acercamiento a los delitos patrimoniales. Véase nuestro artículo al respecto en este blog corporativo.

LAS FALSEDADES DOCUMENTALES:

1. LA NOCIÓN DE FALSEDAD.

Elementos comunes: La falsedad hace referencia a un comportamiento falsario que podrá consistir en una falsificación (alteración de un documento existente para convertirlo en falso) o la creación “ex novo” de un documento falso. Hay varias clasificaciones:

  • Falsedad material: Intervención física o material sobre el documento. PE: Intercalado de páginas, modificaciones de cifras o fechas, etc. Se altera el autor o su contenido de un documento auténtico. Afectan siempre a la autenticidad del documento, pues se altera su autor o su contenido, no correspondiéndose la declaración y el autor.
  • Falsedad ideológica: Al afirmar algo en el documento que no es cierto. Puede ser un relato del ámbito que sea: jurídico, fáctico, etc. Afecta a la veracidad del documento, siendo auténtico, pero no veraz, no coincide con la realidad.

También hay;

  • Falsificaciones que afectan a la autenticidad del documento (dúplicas), consiguiendo que el autor aparente del documento no coincida con el autor real, atribuyéndose una declaración a un autor aparente, no real. Estos comportamientos son siempre punibles.
  • Falsedades que afectan a la veracidad del documento; un comportamiento que no siempre es punible, relativo al contenido del documento y su no veracidad.

2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL CASO DE LAS FALSEDADES DOCUMENTALES:

Con carácter general el legislador protege la fe pública, confiándose como norma general en la autenticidad de los documentos, en la buena fe en el tránsito mercantil. Se afirma también que no solo se protege la confianza de los ciudadanos en los documentos, sino la seguridad de las transacciones mercantiles, del tráfico jurídico, siendo los documentos los que proveen de información al tráfico. Esta información debe ser veraz y auténtica para permitir una toma de decisiones seguras en el tráfico mercantil. Autores como DON JESÚS SILVA SÁNCHEZ creen que se pretende garantizar que la toma de decisiones en el tráfico jurídico se hace siempre sobre una información correcta. Las tres funciones que cumple el documento en el tráfico jurídico son importantes, algunos autores las consideran el propio bien jurídico que se protege, y permiten además delimitar las conductas punibles:

  • Función de perpetuación: El documento tiene capacidad para hacer constar un contenido o información de forma estable, que pervive en el tiempo sin sufrir variaciones. Esta función es afectada cuando se destruye el documento.
  • Función probatoria: El documento es un instrumento de prueba que acredita un hecho en sentido amplio, no solo procesal. El documento prueba un hecho o acto jurídico, lo cual queda afectado cuando se modifica lo que el documento debe y puede probar.
  • Función de garantía: Depende de la autenticidad del documento, de la capacidad para identificar a su autor, siendo un documento auténtico aquel cuyas manifestaciones corresponden al autor que lo emiten. Se altera esta garantía al atribuirse una declaración a una persona que no lo hizo. La credibilidad de la información depende muchas veces de la credibilidad del emisor o autor. Se considera que sino existe autor, no hay documento, pues no hay quien hizo la declaración, a quien se le atribuya.

Esta triple función facilita el tráfico jurídico y crea un clima de confianza en las relaciones jurídicas entre personas. Por eso, desde una perspectiva funcional, cierta doctrina entiende que en delitos de falsedad documental se protegen estas tres funciones para garantizar la seguridad del tráfico jurídico. Esto nos ayudará a delimitar las conductas típicas.

3. CONCEPTO DE DOCUMENTO Y CLASES.

Un documento a efectos penales está recogido en el art. 26 CP, siendo cualquier soporte material que exprese o incorpore datos, hechos, narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Este concepto se incorpora en el CP de 1995. Podemos decir que;

  • Es una definición muy amplia apartada del concepto tradicional, pero se trata de contemplar cualquier medio que permita que la información perviva sin variaciones.
  • Se exige eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica. PE: Una escritura pública. Pudiendo adquirirse estas desde el origen o solo cuando se utiliza el documento para probar algo. PE: Una carta de amor entre amantes en un proceso de divorcio.
  • Según esta definición, un documento que no prueba nada, no es un documento, ni tampoco si no tiene firma o si no mantiene su información invariable en el tiempo.

Conclusión del apartado: sobre el concepto de documento. Tres requisitos;

  • Fijación en un soporte material: función de perdurabilidad.
  • Declaración atribuible a un autor: Función de autenticidad. Los anónimos no sirven como documentos.
  • Aptitud y eficacia probatoria, capacidad para incidir en la convicción de otra persona. Podrá ser originaria (documentos intencionales, destinados desde su inicio a un hecho en el tráfico jurídico) u ocasionales (no tienen tal intencionalidad, sino que reciben posteriormente este destino).

Clases de documentos que encontramos:

  • Documento público: (Art. 1216 CC) Son aquellos autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades que exija la ley. Ha de actuar en su condición de fedatario y en el ámbito de sus competencias. Su fuerza probatoria se recoge en el art. 1218 CC y en el 319 LECrim. Y contempla varios aspectos: su contenido, sus emisores, su fecha, etc.

Estos documentos hacen especial fuerza probatoria del hecho que los motiva (1218 CC), los intervinientes, sus declaraciones, la fecha, etc. (319 LEC)

  • Documento oficial: No está definido por ningún precepto legal. La jurisprudencia los define como: «Los expedidos por funcionarios públicos o sirvientes públicos autorizados para ello en el desempeño de sus cargos». (PE: Permisos de conducir, cupones de la ONCE, atestados policiales, etc.) Coincide así con la definición que nos da el ámbito administrativo en su art. 46.4 LRJAP, es la definición del documento público administrativo. Lo más característico de estos es pues: «que el autor es un funcionario público legalmente facultado para dar fe, que su actuación es la de expedir este documento, sellarlo y controlarlo». No son una categoría autónoma sino que se incluyen dentro de los documentos públicos, teniendo también esa especial fuerza probatoria.
  • Documentos mercantiles: Son documentos privados con una protección reforzada, la misma que a los documentos públicos, no existiendo un concepto legal de tales, lo que lleva a enormes divergencias a la doctrina y jurisprudencia.
  1. La jurisprudencia entiende como tales los que sean así reconocidos por el Código de Comercio: letras de cambio, pagarés, etc. También los acreditativos de contratos o la asunción de obligaciones de naturaleza mercantil o comercial; PE: Contratos entre empresas o particulares que acrediten operaciones mercantiles. También los documentos justificativos de otras transacciones, tales como facturas o albaranes. Es decir, todo aquel documento que refleje una operación mercantil.
  2. La doctrina es más restrictiva, entendiendo que documentos mercantiles solo son los títulos valores, por tener una especial eficacia, al incorporar el derecho. (Opinión de Don Rodríguez Ramos) En este caso, es esta cualidad especial la que origina la especial protección.
  3. Otra visión, algo más amplia aplica este concepto a aquellos relativos a transacciones o negocios mercantiles y con especial eficacia probatoria, con especial relevancia en el tráfico, incluyendo contratos pero excluyendo facturas y albaranes. Es aceptada por una jurisprudencia minoritaria en nuestro país.
  4. También otra última sección considera solo los documentos privados en su nacimiento pero que prevé se incorpore a un organismo oficial, ese es su destino. PE: Instancias o solicitudes o ciertos contratos. La doctrina no admite esta interpretación por ser una analogía in “mala partem”. Estos son documentos privados.
  • Los documentos públicos, oficiales por destino: Son documentos privados que desde su creación están destinados a ser presentados ante un organismo público para su incorporación a un expediente. (Instancias o solicitudes que suscriben los particulares, rellenando espacios en blanco, para iniciar procedimientos administrativos, o para incorporarlos a un expediente). La doctrina admite que esta idea va en cotnra del principio de legalidad, independientemente de la intencionalidad inicial del documento, no se le puede dar esta consideración de documento público sino lo es, pues sustituiría el requisito de autoría, es una analogía in malam partem.

¿Y las fotocopias?

Mucha jurisprudencia atribuye la falsedad al hecho de falsificar también la fotocopia. Se le atribuye a estas la denominación y valor de documento, ya sea público o privado, y siempre que la falsedad sea idónea para llevar a engaño a un ciudadano medio. En opinión de DOÑA MARINA SANZ DÍEZ DE ULZURRUN estamos de nuevo ante una analogía in “mala partem” por no ser realmente un documento público o privado la fotocopia. Por ser manipulable y no garantizar la perpetuidad de la información en el tiempo.

EL DOCUMENTO PRIVADO:

Son aquellos documentos otorgados por particulares y sin intervención de un fedatario público. No tienen tanta fuerza probatoria como los anteriores, y tienen por ello un tratamiento jurídico más restringido, menos severo que si la falsedad es de documento público. El art. 326 LECrim establece que harán prueba plena si no son impugnados por la otra parte, pero no frente a terceros. (Los documentos públicos sí).

4. MODALIDADES DELICTIVAS.

Tipos de falsedad documental: Por tipos de documentos, y después por el tipo de autor.

4.1. Falsedad en documento público, oficial o de comercio. (390 a 393 CP)

  • Falsedad cometida por funcionario público (art. 390)
  • Falsedad imprudente cometida por funcionario (art. 391)
  • Falsedad cometida por particular (arts. 392 y 393)

Después, las falsedades en documentos privados se encuentran reguladas en los arts. 395 y 396 CP. Los elementos típicos son:

  • Un elemento objetivo: la conducta consiste en una alteración de la verdad, recayendo la mutación sobre aspectos esenciales del documento, con los procedimientos del art. 390. Ademas esta mutación ha de recaer sobre los elementos esenciales del documento y tener la suficiente entidad como para alterar relaciones jurídicas, induciendo a error al sujeto, habiéndose creado con vocación de entrar en el tráfico mercantil y jurídico.
  • Elemento subjetivo: Se otorga un tratamiento distinto en base a si la falsedad la comete un funcionario (más grave) o un particular (menos grave). Además, en caso de ser funcionario, se comprende la modalidad dolosa y la imprudente, no así en el caso del particular.

4.2. El sujeto activo: Autoridad o funcionario.

Este concepto, a efectos penales, se recoge en el art. 24 CP, definiéndose a la autoridad o funcinario como «aquel que por sí solo o como miembro de una corporación tenga mando o ejerza jurisdicción propia», contemplándose también a políticos diputados, y a los funcionarios del MF. Por disposición inmediata de la ley participa en el ejercicio de funciones públicas. Es relevante por lo tanto que se trate de una persona al servicio de la ley, no solo así un funcionario de oposición o de carrera. Tiene que ver con la participación o ejercicio en las actividades públicas. El CP recoge un concepto muy amplio en este sentido. El CP recoge así penalidades más graves que las cometidas por particulares, en atención al deber especial de veracidad que tiene el sujeto activo del delito. Son por lo tanto estas conductas sancionadas tanto dolosamente como si se cometen de forma imprudente.

¿Qué penas se contemplan para los funcionarios en nuestra legislación por este delito?

390.1 CPPenas para los funcionarios. El legislador contempla penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años para el funcionario público que cometa falsedad al alterar un documento en algún requisito esencial, simulándolo, falsificando su contenido en cuanto a las personas, los hechos o las firmas o fechas. Estando siempre en el ejercicio de sus funciones. Fuera del ámbito de sus funciones, la falsedad por parte de un funcionario será de aplicación el art. 392.1 CP, referido a los particulares. Al ser un delito especial, es decir, que no lo podría cometer cualquiera, los extraneus no podrán ser autores, sino partícipes en todo caso. El concepto de autoridad o funcionario viene recogido en el art. 24 CP: los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.” En conclusión; para el delito de falsedad en documento público se exige:

  • Condición de funcionario (el que participe en funciones públicas).
  • Que la falsedad se realice en el ejercicio de sus funciones. (Dentro del ámbito de sus competencias)
  • Que se trate de un delito especial.

4.4. ¿Cuáles son las modalidades delictivas que contempla nuestro CP?Art. 390 CP.

Un funcionario cometería falsedad con cualquiera de las siguientes conductas:

  1. Alteración de un documento en sus requisitos o elementos esenciales.
  2. Simulación de un documento en todo o en parte, induciendo a error sobre su autenticidad.
  3. También si en éste intervinieran varios declarantes y se modificara la declaración de alguno de ellos, o si se contara por presentado a un interviniente que no se presentó. Podemos así estar ante una simulación total o parcial.
  4. Faltando a la verdad en la narración de unos hechos.

5. PROBLEMAS CONCURSALES DE LA FALSEDAD.

La falsedad supone una alteración de la verdad que debe ser consciente y no debe de ser burda, conforme a los requisitos del art. 390 CP. Importante la STS 7-7-1994. La alteración de un documento auténtico  es una falsedad material que puede afectar a dos funciones: A su función de garantía y de perpetuación. Se protege la apariencia de verdad del documento.

5.1. Alteración de documentos auténticos:

  • Este tipo de falsedad debe recaer sobre un documento que existe previamente, auténtico y que es manipulado, convirtiéndose en documento inauténtico.
  • Debe de ser una alteración realizada conscientemente, con una apariencia de la misma que sea apta o idónea, para inducir a error. Debe de ser apta para lesionar intereses jurídicos ajenos y de estar destinada a entrar en el tráfico jurídico.
  • El delito no queda consumado hasta que el documento falso haya entrado en el tráfico jurídico, creando esta apariencia de realidad. (resultado formal)
  • La modalidad imprudente solo se castiga cuando la comete un funcionario o autoridad respecto a documentos públicos, oficiales o mercantiles.
  • Debe pues de recaer sobre elementos esenciales del documento auténtico, los que afecten a su autenticidad y valor probatorio, las falsificaciones burdas están excluidas del tipo.

5.2. Simulación de documentos en todo o en parte, induciendo a error sobre su autenticidad.

Debe de afectar a la autenticidad del documento, suponiendo una falsedad documental y afectando a su función de garantía. Se crea un documento similar para engañar. Se produce la conducta falsaria desde el momento de la creación del documento, no alterando uno ya existente. Esta simulación luego podrá ser total o parcial.

5.3. Suponer en un acto la intervención de un sujeto que no estuvo, o atribuirle declaraciones que no se hicieron.

Es una falsedad ideológica que afecta a la veracidad del documento y a su facultad probatoria.

5.4. Faltar a la verdad en la narración de los hechos:

Es también una falsedad ideológica que afecta a la veracidad y a la función probatoria.

6. FALSEDAD IMPRUDENTE COMETIDA POR FUNCIONARIO.

El art. 391 CP la castiga con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo de 6 meses a 1 año, por impudencia grave. La imprudencia de este tipo en caso de particulares es impune. La nueva imprudencia que requiere nuestro código es grave, con infracción de las normas de cuidado que llevaría a cabo un hombre medio, en atención a la acción que se trate. La interpretación queda siempre en manos del juez.

7. OTRO TIPO COMÚN: FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL O MERCANTIL COMETIDA POR PARTICULAR (392.1 CP)

Nuestro legislador contempla una pena de prisión de 6 meses a 3 años para el particular que cometa en documento público, oficial o mercantil alguna de la falsedad de los números del art. 390. Hay menor injusto en este hecho, pues no hay una infracción de normas derivadas deontológicas de ningún cargo para el particular. Solo serían típicas las conductas de: alteración de elementos esenciales del documento (1), simulación de documento en todo o parte para infundir a error (2), o de suponer en acto la intervención de personas que no la han hecho o atribuirles declaraciones queno hicieron (3). El resto de conductas son atípicas. Es decir, no es típica para el particular la conducta de faltar a la verdad en una narración de hechos. En la creación de documentos auténticos (aquellos en que corresponden firmas y autores) pero falsos (por ser inciertos en su contenido, en lo que se dice), hay dos posturas jurisprudenciales de interpretación, relativas a la simulación de negocios jurídicos. Tomamos las dos sentencias más significativas en este sentido y las analizamos:

  • «El caso Filesa» (STS 28 de octubre de 1997) el tribunal determinó que es una simulación de contrato, por crearse un documento incierto en su totalidad (art. 390.1.2º CP, conducta punible también cuando lo realiza un particular). No es un caso de faltar a la verdad en una alegación, impune para el caso de particulares. Aceptó el criterio de que las facturas son documentos mercantiles de ámbito privado.
  • Sin embargo, en «el caso de la Argentia Trust» (STS 26 de febrero de 1998) el caso contempla cómo se efectúa también una transferencia de fondos sobre la base de unas facturas tras las que en realidad no había un negocio jurídico detrás. Este era un documento autentico (quienes firmaban esas facturas eran son verdaderos autores), lo cual no afecta a su autenticidad, sino a su función probatoria. No consideró pues el tribunal que estuviéramos ante una simulación de documento, sino ante una declaración mendaz de documento auténtico. La sala la incardinó con el art. 390.1.4 CP. Impune de nuevo si lo realiza un particular.

La doctrina mayoría se inclina por esta segunda posición («Argentina Trust») por afectarse mediante falsedad material a la veracidad del documento, lo que afecta a su función de garantía (PE: Crear un documento falso), y la falsedad ideológica al contenido del mismo o la información que proporciona, lo que no es punible cuando lo realiza un particular. Esto afecta a la función probatoria del documento, pero no a su función de garantía o de perpetuación. (Art. 390.1.4 CP) Conculisón: No es lo mismo simular un documento que simular un negocio jurídico inexistente, son delitos distintos, pues la simulación de negocio jurídico se contempla en otros artículos que no son los de falsedad. El art. 390.1.2 CP contempla la simulación de un documento, es decir, convertir o crear un documento inauténtico, cuyo autor no es quien debería; mientras que simular un negocio jurídico inexistente se contempla en el art. 251.3 CP. Podemos pues encontrarnos con los siguientes casos e interpretaciones:

  1. Simulación de un documento por una persona que no es su autor, pero con un negocio jurídico tras él que es real. Sí podría ser cometida por particular, y habría falsedad punible.
  2. Crear un documento auténtico respecto a un negocio jurídico inexistente, con autenticidad del autor y la firma; pero con un negocio jurídico inexistente detrás. No habría falsedad en caso de hacerlo un particular (faltar a la verdad de los hechos), aunque podría sancionarse, si se cumplen todos los requisitos, como una estafa. (Caso Agencia Trust)
  3. También es posible simular un documento sobre un negocio jurídico que además no existe, y esto sería un concurso entre la falsedad (390.1.2 CP) y la simulación de negocio jurídico (251.3 CP) o la estafa. (248 CP)

Esta última postura es la que se adopta en la actualidad las más de las veces por nuestros juzgados y tribunales, siendo la doctrina mayoritaria en nuestro país. La jurisprudencia se decanta por la postura de la primera de las sentencias, del «caso FILESA», al considerar que la elaboración completa de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad debe de ser considerado un delito de falsedad. (390.1.2) Esta jurisprudencia se sustenta en el amplio término de la autenticidad, que no es lo mismo lo genuino (coincidencia del autor)  lo auténtico y lo veraz (cierto, porque su contenido concuerda con la realidad). De hecho la doctrina del caso Filesa fue avalada por el TC aludiendo a que no se vulneraba el principio de legalidad. Última conducta delictiva de los particulares: Suponer la intervención de personas o sus declaraciones, sin haber estado; conducta entre particulares. La doctrina admite este delito por los particulares de tratarse de administradores o de representantes de personas jurídicas que debían certificar acuerdos en juntas o asambleas.

8. LAS FALSEDADES DE USO (392 y 393 CP)

Este tipo comprende la conducta en que un sujeto que no ha intervenido en la falsificación del documento pero que utiliza del artículo o documento falsificado conociendo de su falsedad. Las conductas anteriores son sancionadas con pena inferior en grado a las señaladas para los falsificadores. Se requiere que el documento sea público u oficial o mercantil, siendo indiferente si lo ha falsificado un funcionario o un particular. Se castigan las siguientes conductas:

  • El tráfico de documentos de identidad falsos. Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
  • Hacer uso de documento de identidad falso sabiendo que lo es. Prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses.

Hay dos modalidades: utilizar el documento en el juzgado o en un tráfico jurídico extrajudicial, lo que requerirá que la falsedad se realice con el fin de perjudicar a otro, no siendo necesario que tenga lugar, sino solo la intención de hacer daño.

  • 393 CP. (presentar en juicio un documento falso a sabiendas de que lo es para perjudicar a otro) Deberá ser documento público, oficial o mercantil. Es la pena inferior en grado a la de los falsificadores.
  • Si se hace uso del documento en el tráfico extrajudicial para perjudicar a otro causándole un daño (económico o moral)

9. LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS PRIVADOS

El art. 395 castiga con prisión de 6 meses a 2 años al particular que para perjudicar a otro cometa las falsedades del art. 390. Mientras que el art. 396 sanciona con pena inferior en grado a la del 395 para los que utilizaren el documento a sabiendas de su falsedad pero sin haberlo hecho ellos, de nuevo, para perjudicar a otro. En todos estos casos, con documentos privados.

10. CONSUMACIÓN DE LA FALSEDAD Y CONCURSOS

10.1. ¿En qué momento se consuma este delito de falsedad?

  • Mientras que algunos autores y jurisprudencia optan por el momento en que se da entrada al documento en el tráfico jurídico, generando apariencia de verdad;
  • Otros, así como parte de la jurisprudencia, atienden al tenor de los preceptos legales y al haber sido configurado este delito como un delito de peligro, puramente formal, quedará consumado cuando se haya realizado la conducta falsaria y el documento pudiera surtir sus efectos en el tráfico jurídico como si fuera verdadero.

10.2. Problemas concursales de las falsedades.

Varias acciones de falsificación sobre un mismo documento implican una única falsificación. Pero si la falsificación recae sobre varios documentos, podremos aplicar el delito de falsificación continuada. La falsedad, como delito medial o instrumental, suele tener lugar junto con tipos como la estafa, o la simulación de negocios jurídicos u otros. La utilización de la falsedad tiene por objeto la comisión o encubrimiento de otro delito. La doctrina establece así los siguientes apuntes:

  • Que de haber falsedad de documento privado con estafa, prevalece la estafa en el concurso de normas, por su amplitud de concepto y complejidad, al subsumirse mejor en la conducta. Estaríamos ante un concurso ideal de normas. (PE; STS 1149/2018, de 6 de febrero de 2018)
  • De haber falsedad de documento público y estafa, hay un concurso medial de delitos, por haber dos bienes jurídicos importantes que se han visto perjudicados.
  • La consumación de estos delitos tiene lugar en el momento en que el documento falso entra en el tráfico jurídico.
  • De haber varias falsedades en un mismo documento, es un solo delito de falsedad, o si es sobre varios documentos que conforman una unidad. Sí podría apreciarse delito continuado si se dan falsedades sobre varios documentos independientes.

Artículo publicado por: D. Gonzalo Iñigo Serrat Asesor Legal especializado en Derecho Penal Económico.

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